Indianidad en el debate: el derecho a la consulta previa en la etnopolítica peruana

Resumen

Los doscientos años de la independencia de la República del Perú y el debate en curso sobre el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación peruana están indisolublemente ligados a la determinación de las normas legislativas dedicadas a los pueblos indígenas que habitan el territorio del Estado. La ratificación del Convenio no. 169 de la OIT en 1994 no contribuyó a la implementación de los derechos establecidos en ese documento, incluido el derecho de los pueblos indígenas al procedimiento de consulta previa y a expresar un consentimiento libre e informado a todas las acciones estatales que puedan afectar su calidad de vida. Sin embargo, la ola de conflictos socio-ambientales de finales del siglo XX y principios del XXI obligó a cambiar la relación entre el Estado y la población indígena. Como resultado, en 2011, el Congreso de Perú aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa. Así, el Perú se encontró a la vanguardia de los Estados, introduciendo el derecho a la consulta en el ordenamiento legislativo nacional, pero esto no significó que todos los problemas estuvieran resueltos. Dado que las comunidades indígenas viven en territorios económicamente atractivos, la identificación de los beneficiarios de la nueva ley se ha convertido en el foco del nuevo conflicto. La “indianidad” de las comunidades campesinas de las regiones de la sierra y la costa comenzó a ser cuestionada tanto por el lobby minero, como por los círculos gubernamentales. En este artículo, utilizando la perspectiva histórica y haciendo referencia a los actos y normas del derecho peruano, analizo brevemente el curso del conflicto y presento el problema de la terminología y definición utilizadas para el sector indígena de la sociedad peruana en relación con las decisiones autoritarias del Estado y el llamado “colonialismo discursivo”, aún presente en la etnopolítica peruana luego de 200 años de independencia.